LEIDY VIVIANA CÁRDENAS RAMÍREZ
Especialización en Pedagogía de los Derechos Humanos
República Dominicana posee la segunda mejor economía de América Central y el Caribe, aunque esto no se refleja en el sector social, pues la violación de derechos humanos, sobre todo en la población más pobre del país, se encarna en víctima y victimario. Es así como la violencia contra la mujer, se convierte en una de las principales expresiones de violación de derechos humanos en este país. Víctimas de la violencia física, sexual, psicológica, feminicidios, discriminación, omisión del Estado, han sido miles de mujeres que han padecido el flagelo de una sociedad sexista, conservadora e intolerante, que aún promueve la cosificación de la mujer, el menosprecio por el género femenino y el creer que todas las personas son dueñas de su cuerpo y mente, menos ella misma.
Resumen
República Dominicana posee la segunda mejor economía de América Central y el Caribe, aunque esto no se refleja en el sector social, pues la violación de derechos humanos, sobre todo en la población más pobre del país, se encarna en víctima y victimario. Es así como la violencia contra la mujer, se convierte en una de las principales expresiones de violación de derechos humanos en este país. Víctimas de la violencia física, sexual, psicológica, feminicidios, discriminación, omisión del Estado, han sido miles de mujeres que han padecido el flagelo de una sociedad sexista, conservadora e intolerante, que aún promueve la cosificación de la mujer, el menosprecio por el género femenino y el creer que todas las personas son dueñas de su cuerpo y mente, menos ella misma.
Palabras Clave: República Dominicana, Derechos Humanos, Mujeres,
Violencia, feminicidios, violación de derechos.
Abstract
Dominican Republic has the
second largest economy in Central America and the Caribbean, although this is
not reflected in the social sector, for the violation of human rights,
especially in the country's poorest population is embodied in victim and
victimizer. Thus violence against women, it becomes one of the main expressions
of violation of human rights in this country. Victims of physical, sexual,
psychological violence, femicide, discrimination, failure of the State, have
been thousands of women who have suffered the scourge of sexist, bigoted
conservative society that still promotes the objectification of women, contempt
for the female and believe that all people are masters of their body and mind,
less herself.
Keywords: Dominican
Republic, Human Rights, Women, Violence, femicide, rape picture.
Presentación
A pesar del crecimiento
económico que ha presentado República Dominicana, en el sector en el cual no se
han dado suficientes avances es en el social. La fuerte intervención de la Iglesia católica en la
toma de decisiones por parte del gobierno, la corrupción, la impunidad, la
falta de políticas públicas que procuren el bienestar y la calidad de vida de
la población femenina (niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres), la poca y
efectiva legislación que existe para castigar la violencia, en todas sus formas,
son algunos de los factores que facilitan que se multipliquen los casos de
violación de derechos humanos a mujeres.
El panorama que se presenta no es optimista, por el
contrario, algunos datos que se muestran, reflejan que la tendencia es a aumentar
los casos de violaciones. Es así como la vulneración a un derecho implica la
vulneración de otros, hasta que esto se convierte en sistemático y se evidencia
un círculo vicioso, que sin intervención estatal, interinstitucional,
internacional no se va a lograr romper.
Contextualización
de República Dominicana
República Dominicana es un país que ocupa algo más de
dos tercios orientales de La Española, en el Archipiélago de las Antillas
Mayores. El tercio Occidental de la isla está ocupado por Haití; por lo tanto
La Española es una isla que está compartida por dos países. Tanto por
superficie como por población, la República Dominicana es el segundo país más grande
del Caribe. Tiene una superficie total de 48.311 km2.
Este país cuenta con una democracia representativa,
cuyos poderes se encuentran divididos en tres: Poder Ejecutivo, Poder
Legislativo y Poder Judicial.
República Dominicana tiene la segunda economía más
grande (según el Departamento de Estado de los Estados Unidos) en América
Central y el Caribe. Sin embargo, no se ve reflejado en el mejoramiento de la
calidad de vida de sus habitantes, por factores como la corrupción y la
impunidad, que a su vez está influenciada por el clientelismo y el
asistencialismo.
Culturalmente hablando, los habitantes son una mezcla
de las culturas de los colonizadores españoles, esclavos africanos y nativos
taínos.
En lo que respecta a la población de la República
Dominicana, en 2007 se estimó por las Naciones Unidas en 9.760.000, quedando en el
puesto número 82 en población entre las 193 naciones del mundo. En ese año,
aproximadamente el 5% de la población tenía más de 65 años de edad, mientras
que el 35% de la población era menor de 15 años de edad. Había 103 hombres por
cada 100 mujeres en el país en 2007. Según la ONU, la tasa anual de crecimiento
demográfico para 2006-2007 fue del 1,5%, con una población proyectada para el
año 2015 de 10.121.000. Actualmente, cuenta con una población de 10.005.587
habitantes aproximadamente.
En materia de derechos humanos, pertenece en los siete
organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al
Comité de Derechos Humanos.
No obstante, esto no ha sido un factor a tener en
cuenta en la prevención y el respeto por los derechos humanos, sobre todo una
población tan vulnerada como lo es la de mujeres, jóvenes, adolescentes y
niñas.
Según el Informe alterno de Organizaciones de la
Sociedad Civil - República Dominicana dentro de presentación del 6º y 7º
Informe del Estado Dominicano al Comité para la Eliminación de Toda Formas de
Discriminación contra la Mujer
-CEDAW- (del 8 al 26 de julio de 2013 Ginebra, Suiza);
República Dominicana: un largo camino por delante: derechos reproductivos,
discriminación de personas dominicanas de ascendencia haitiana y la reforma de
la policía, realizado por la organización de Amnistía Internacional:
información para el Examen Periódico Universal, enero – febrero 2014; y en el
resumen de la Denuncia ante la CIDH, sobre la situación de las mujeres en
República Dominicana en marzo de 2014, dichos informes coinciden en señalar la
problemática que aqueja a las mujeres dominicanas, y que mencionaré a
continuación y posteriormente profundizaré en ellos:
*
Violencia contra la mujer (física, sexual, psicológica, feminicidios: En
comparación con Centroamérica, el país ocupa la tercera tasa de feminicidios,
solo superado por el Salvador y Guatemala[1]).
*
Violencia obstétrica.
* Mayor
probabilidad de contraer VIH (sobre todo en mujeres de escasos recursos).
*
Discriminación contra la mujer.
* La trata y
tráfico de mujeres con fines de explotación sexual.
*
Violencia política.
*
Deserción o ausentismo escolar.
*
Violencia de género en el ambiente laboral (acoso sexual, explotación laboral
de niñas y adolescentes, trabajadoras migrantes en el sector rural).
*
Violación a recibir atención médica en condiciones dignas (derecho al aborto,
mortalidad materna, conocimiento sobre VIH/SIDA, necesidad insatisfecha de
anticoncepción, esterilizaciones forzadas).
*
Desnacionalización de mujeres haitianas que residen en República Dominicana o
mujeres dominicanas de ascendencia haitiana.
*
Revictimización de las mujeres a causa de la dilación de procesos o
procedimientos administrativos y judiciales, que favorecen a sus
victimarios.
El contexto social anterior, permite hacernos, a
grandes rasgos, una idea de lo que ocurre en la República Dominicana en materia
de derechos humanos en mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas. No
obstante, estos problemas sociales, culturales y políticos tienen todo un
trasfondo, en el cual están presentes testimonios, casos, feminicidios,
expulsiones, discriminaciones, que por el simple hecho de ser mujeres el
Estado, las fuerzas armadas, las instituciones, los hombres, se han permitido
vulnerar la dignidad humana de la mujer.
Es así como la violencia contra la mujer, en todas sus
manifestaciones, ha venido aumentando considerablemente, sin que el Estado
ejerza o elabore políticas públicas que contribuyan a la prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, y que además ejerzan
un real control sobre la poca legislación que favorece y garantiza el
cumplimiento de los derechos.
La violación de derechos humanos se convierte casi en
sistemática, pues un al violarse un derecho, al prohibirse una libertad, se
entra en un círculo vicioso, del que es muy difícil de salir o romper.
En este sentido, cuando nos referimos a violencia
contra la mujer, se incluyen los casos que se denuncian, que son muy pocos, y
son aún menos los que tienen un juicio o un castigo justo, pues según la
Procuraduría General de la República reportó en el año 2011 un total de 72,199
denuncias presentadas en las Unidades de Atención a la Violencia contra las
Mujeres en el país, de las cuales 66,177 fueron sobre violencia de género e
intrafamiliar, y 6,022 relacionadas a delitos sexuales[2].
Evidentemente la cantidad de casos denunciados no se
compara a la cantidad de casos fallados o resueltos en los tribunales. Esto
ocurre porque el proceso es extenso y dispendioso, además de los altos costos
que tiene el mantener una denuncia tanto para las víctimas, como para sus
familiares. Sumado a los anteriores aspectos está también la falta de
legislación clara, que en muchas oportunidades favorece a los agresores, pues
estos aducen estado de embriaguez al momento de cometer los feminicidios o
ejercer algún tipo clásico de violencia contra la mujer. Como evidencia de
esto, se muestra que En el período comprendido entre 1997 y 2012, en la
Suprema Corte de Justicia fueron conocidos 8 feminicidios en recurso de
casación, de los cuales tres sentencias fueron casadas, dos de ellas acogieron
la excusa de estado de embriaguez del agresor de acuerdo al artículo 64 del
Código Penal. En cuanto a los delitos sexuales, se reportan 64 sentencias sobre
estupro10 (20 cometidos contra mujeres), 111 de violaciones sexuales (9 contra
niñas y 43 contra mujeres), 36 de incesto, 9 de agresión sexual, para un total
de 220 sentencias[3].
A pesar de que el país ha implementado Las Casas de
Acogida, las cuales fueron creadas con el fin de prevenir los feminicidios y
brindar seguridad a las víctimas en caso de emergencia, éstas no cuentan con
suficientes recursos y la mayoría de las mujeres no encuentran una adecuada
protección o atención en dichos lugares. Además son pocos, el número de
unidades es insuficiente (en la actualidad sólo hay 17 unidades para 32
provincias)[4] y se encuentran lejos de las
provincias, y es allí en donde la violencia toma niveles mucho más altos,
puesto que las mujeres más afectadas son las de más bajos recursos, niveles de
educación inferiores y con poco conocimiento acerca de derechos, de dignidad,
de respeto.
DERECHO A LA SALUD
El sector salud no muestra un panorama diferente. La
violencia obstétrica, entendida como el maltrato que sufre la mujer embarazada
al ser juzgada, atemorizada, lastimada física y emocionalmente, esto incluye el
ignorar, evadir o ridiculizar a las maternas por parte de médicos y enfermeras,
está presente en casi todas las esferas sociales.
Lo que más preocupa en este punto, es la alta
vulnerabilidad que tienen las mujeres de contraer VIH/SIDA. Nuevamente
quienes están en mayor riesgo son las mujeres de escasos recursos o que viven
en provincia y son maltratadas físicamente, además de bajo nivel educativo,
pues las relaciones equilibradas de poder, brillan por su ausencia, lo que no
permite que exista una negociación frente al uso del condón. El 60% de las
personas que viven con VIH en República Dominicana son mujeres. Se estima que
57,540 personas viven con VIH, de ellas 34,630 son mujeres y 22,910 son
hombres. Esta misma tendencia se mantiene en las estimaciones para el 2010,
cuya incidencia de nuevos casos se estima en 2,100 mujeres y 1,480 hombres[5].
Aunado a la problemática de VIH, se está vulnerando el
derecho a las mujeres al aborto en toda circunstancia, pues este se encuentra
penalizado. Esto ha llevado a muchas mujeres a practicarse abortos ilegales en
lugares poco confiables médicamente hablando. Rosaneli de 20 años con 14
semanas de embarazo, murió al practicarse un aborto inseguro en una clínica
ilegal del sector de escasos recursos donde residía[6]. Como consecuencia los índices de
mortalidad materna son altos. Según el Informe de Seguimiento de los
Objetivos del Milenio 2010, sugiere que en el 2015 la mortalidad materna en el
país será el triple del nivel fijado, resaltando como poco probable el logro
por parte de la República Dominicana del Objetivo del Milenio 5[7].
Por otra parte, están las mujeres que teniendo
problemas de salud, se ven obligadas a continuar con sus embarazos poniendo en
riesgo no solo su vida, sino la de sus bebés también, este es el caso de Rosaura,
que en agosto de 2012, de 16 años y con leucemia, murió a causa de las
complicaciones derivadas de un aborto espontáneo. Se le había impedido
someterse a un aborto terapéutico –tal como recomendaban diversos profesionales
de la salud– porque era contrario a la ley. Además, su tratamiento de
quimioterapia se había retrasado, ya que a los médicos les preocupaba que
dañara al feto[8].
Sumado a esto, las mujeres que tienen VIH/SIDA son
esterilizadas, y quienes están embarazadas, son forzadas a practicarse abortos,
violándoseles así el derecho al consentimiento informado.
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER
En este aspecto, la violación se refleja en el ámbito
laboral, político, intrafamiliar. En el ambiente laboral la mujer está expuesta
al acoso sexual de compañeros y jefes, pero la ley dominicana únicamente
penaliza de acuerdo a la jerarquización existente en el trabajo. No hay una
legislación para castigar el acoso sexual entre pares. Además de esto, los
salarios para las mujeres son mucho más bajos que los de los hombres. Entre
2000 y 2011 las mujeres han percibido un salario mensual, en promedio, del
27.5% menos que el de los hombres[9].
En participación y representación en política, sigue
siendo poca la presencia de mujeres dentro de los gobiernos. Por ejemplo, las
mujeres que trabajan de la mano con el gobierno, y que forman parte del
gabinete tienen a cargo Los Ministerios de Educación, de la Mujer, de
Trabajo y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología[10].
Pese a lo que muchos de nosotros creeríamos, las
mujeres tampoco tienen garantizado el aval de sus partidos, a tal punto que se
ha tenido que legislar en torno a este punto, obligándose a contar por lo menos
con el 33% en sus listas. En las elecciones del 2010 fueron electas 12
mujeres alcaldesas, que representan 7.7%44 del total de alcaldes-as, dos puntos
por encima de la media mundial actual45 y cuatro menos que el período anterior.
Pues en las elecciones del 2006, el número era de 17 mujeres, (11.3%), lo que
colocaba al país en una posición privilegiada en la región de América Latina y
el Caribe. Pero al igual que la región, el número no se mantiene, el porcentaje
puede subir o bajar, aunque con mayor tendencia a la última[11].
DERECHO A LA EDUCACIÓN
La violación a este derecho involucra otros como la
necesidad insatisfecha de anticoncepción, la falta de educación sexual y
reproductiva y el conocimiento de información oportuna. Gran parte de las
cifras pertenecientes a deserción o ausentismo escolar están dirigidas a los
altos niveles de embarazos no deseados en adolescentes, como consecuencia de la
falta de educación en salud sexual y reproductiva, ocasionando también
limitaciones para incorporarse al mercado laboral.
La falta de pedagogía en el tema desemboca en el
inicio temprano de las relaciones sexuales y de la vida sexual de los
adolescentes y los jóvenes. En el caso de la educación sexual, el Código
para el Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
(Ley 136-03) establece el derecho a información en salud, incluida la salud
sexual y la salud reproductiva, así como la responsabilidad de las autoridades
educativas de coordinar y poner en ejecución los programas sobre salud
preventiva, sexual y reproductiva que formule el Sistema Dominicano de
Seguridad Social y las Secretarías de Estado competentes. La Ley General de
Educación (Ley 66-97), sin embargo, no regula nada con respecto a la educación
en salud sexual y salud reproductiva en el sistema educativo[12].
DERECHO AL EMPLEO
El mercado laboral dominicano se caracteriza por una
persistente y creciente desigualdad de género, reflejado en la desigualdad
salarial, en el acceso al empleo. En el 2011 la tasa de desocupación de las
mujeres 21.5%, más del doble de la masculina (que fue del 10.1%), con una
significativa brecha de 11.4 puntos porcentuales. Las proyecciones al 2012 van
en empeoramiento, con la previsión de desocupación femenina del 22.1% contra la
masculina del 9.8% con una brecha de 12.3[13].
Nuevamente aparece el tema del acoso sexual en el
trabajo, que solo es contemplado en una relación jerárquica[14], la
explotación laboral de niños, niñas y mujeres que trabajan en el sector rural o
que son de ascendencia haitiana, por lo cual no se les garantiza el pleno goce
de sus mínimos derechos laborales (afiliación a seguridad social)
DISCRIMINACIÓN A MUJERES DE ASCENDENCIA HAITIANA
En este punto, la discriminación toca varios niveles e
instituciones. Las mujeres de ascendencia haitiana, que residen en República
Dominicana, son víctimas de falta de atención y discriminación médica, se les
niega el acceso a documentos de identidad, la policía las despoja de dichos
documentos, lo que les impide asistir a colegios, hospitales, ejercer su
derecho al voto, entre otros.
Laboralmente, su mano de obra es mal paga. Su
remuneración es inferior a la de una ciudadana de ascendencia dominicana, que
de por sí ya es baja. Son explotadas en las plantaciones de tomate.
La anterior, es la panorámica que grosso modo, existe
en República Dominicana en lo que se refiere a derechos humanos para las
mujeres. Aunque el presente no es muy alentador, realmente el futuro lo es aún
menos. Se hace
necesario realizar un examen exhaustivo de dicha realidad para diseñar unas
políticas públicas que giren en torno a mejorar la calidad de vida de las
dominicanas, que garantice el cumplimiento y goce efectivo de sus derechos, que
desde el gobierno se ejecuten programas enfocados a cambiar una cultura y una
mentalidad sexista, que se reconozca la importancia del rol de la mujer no solo
en la sociedad, en la familia, y en su entorno laboral.
Es necesario que se tomen medidas urgentes, que se
intervengan desde los partidos políticos hasta la población civil. No hay que
restringir esfuerzos para cambiar esta situación, trabajar de la mano de
organizaciones internacionales, ONG, instituciones gubernamentales. Las
instituciones integradas, podrían dar muy buenos resultados, sino los mejores.
BIBLIOGRAFÍA
- Denuncia ante la CIDH, sobre la situación de las mujeres en República Dominicana en marzo de 2014
- Igualdad de Género y VIH en la República Dominicana. Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA – ONUSIDA - 2010
- Informe alterno de Organizaciones de la Sociedad Civil - República Dominicana dentro de presentación del 6º y 7º Informe del Estado Dominicano al Comité para la Eliminación de Toda Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW- (del 8 al 26 de julio de 2013 Ginebra, Suiza)
- República Dominicana: un largo camino por delante: derechos reproductivos, discriminación de personas dominicanas de ascendencia haitiana y la reforma de la policía, realizado por la organización de Amnistía Internacional: información para el Examen Periódico Universal, enero – febrero 2014
[1] Informe alterno de Organizaciones de la Sociedad
Civil - República Dominicana dentro de presentación del 6º y 7º Informe del
Estado Dominicano al Comité para la Eliminación de Toda Formas de
Discriminación contra la Mujer -CEDAW- (del 8 al 26 de julio de 2013 Ginebra,
Suiza)
[2] Informe
alterno de Organizaciones de la Sociedad Civil - República Dominicana dentro de
presentación del 6º y 7º Informe del Estado Dominicano al Comité para la
Eliminación de Toda Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW- (del 8 al
26 de julio de 2013 Ginebra, Suiza)
[3] Ibid.
[4] República Dominicana: un largo camino por delante:
derechos reproductivos, discriminación de personas dominicanas de ascendencia
haitiana y la reforma de la policía, realizado por la organización de Amnistía
Internacional: información para el Examen Periódico Universal, enero – febrero
2014
[5] Igualdad de Género y VIH en la República Dominicana.
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA – ONUSIDA - 2010
[6] Denuncia ante la CIDH, sobre la situación de las
mujeres en República Dominicana en marzo de 2014
[7] Informe
alterno de Organizaciones de la Sociedad Civil - República Dominicana dentro de
presentación del 6º y 7º Informe del Estado Dominicano al Comité para la
Eliminación de Toda Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW- (del 8 al
26 de julio de 2013 Ginebra, Suiza)
[8] República Dominicana: un largo camino por delante:
derechos reproductivos, discriminación de personas dominicanas de ascendencia
haitiana y la reforma de la policía, realizado por la organización de Amnistía
Internacional: información para el Examen Periódico Universal, enero – febrero
2014
[9] Informe alterno de Organizaciones de la Sociedad
Civil - República Dominicana dentro de presentación del 6º y 7º Informe del
Estado Dominicano al Comité para la Eliminación de Toda Formas de
Discriminación contra la Mujer -CEDAW- (del 8 al 26 de julio de 2013 Ginebra,
Suiza)
[10] Ibíd.
[11] Ibíd.
[12] Ibíd..
[13] Ibíd..
[14] Denuncia ante la CIDH, sobre la situación de las
mujeres en República Dominicana en marzo de 2014
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